Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Domingo, marzo 26 de 2017
 

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Declaración final 5° Movimiento Ecuménico, Ecológico Social

Comunidad de vida y trabajo “La Balsita“

Viernes 13 de julio de 2012

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Del 5 al 7 de julio de 2012, en La Balsita, Dabeiba, comunidades de diferentes partes del país se reunieron para conmemorar los 15 años de las operaciones militares; septiembre negro y operación Génesis, realizadas por la brigada IV y brigada XVII, que causo el desplazamiento de comunidades campesinas, indígenas y afros.

Durante los días 5, 6 y 7 de julio de 2012 nos encontramos 110 caminantes, mujeres y hombres pertenecientes a las comunidades mestizas y mulatas, afrodescendientes, indígenas de la Red de Alternativas, otras invitadas y de organizaciones nacionales de Colombia junto a observadores internacionales, en conmemoración de los 15 años de la operación “septiembre negro” y operación “génesis” ejecutadas por la brigada 17 y brigada 4 en las tierras de Dabeiba, Antioquia, territorios afectados por las operaciones criminales encubiertas del Estado y que continúan experimentando el conflicto armado interno y la implementación de negocios u obras de infraestructura.

El punto de encuentro fue en la Zona Humanitaria de la Comunidad Vida y Trabajo “La Balsita” del municipio de Dabeiba Antioquia.

El día 5 de julio, tomamos la ruta hacia el caserío La Balsita, con el fin de conocer, recrear la memoria viva, de las víctimas ocasionadas por la estrategia paramilitar en la región durante la década de los 90; la violencia estatal y paraestatal que se instauró en esta zona con el pretexto de perseguir a la guerrilla y el ejercicio de control territorial que ha costado la vida de más de 300 personas.

Recordamos entre ellos la vida de muchos campesinos y líderes de la región, que propendían por el respeto y protección de la vida y el territorio, bajo principios de justicia social y ambiental como Francisco Javier Montoya, Simón Torres, Leonel Usuga, Ananias Guisao, Rosalba Usuga, Irma Areiza, Pedro Montoya, Ricaurte Antonio Areiza, entre otras mujeres y hombres que lideraron procesos comunitarios y persistieron en la defensa de su territorio.

Caminamos por las “Peñas del diablo”, “El Puente de Urama” donde paramilitares y militares establecieron retenes desde donde controlaban la movilidad de los pobladores y restringían el ingreso de alimento, sitios que rememoran la tortura, desaparición y asesinato de campesinos y campesinas del corregimiento de Urama.

Mujeres y Hombres reunidos, muchos de los cuales eran niñas y niños durante esa época, compartieron sus testimonios sobre el desarrollo de la violencia y el despojo de sus territorios; reflexionaron sobre como recurrentemente en distintas regiones del país, se repite la historia y se evidencia la relación existente entre la consolidación de intereses económicos privados de empresas nacionales y trasnacionales, y el desarrollo de la estrategia militar y paramilitar. Hoy continúa el control social y territorial para favorecer la implementación de los planes de desarrollo, recogidos por las locomotoras de minería, cultivos agroindustriales, plantaciones forestales, infraestructura.

Realizamos tres recorridos en los cuales se visitaron las Zonas de Biodiversidad de las Familias Manco Puerta, Montoya Rivera, David Usuga, Quiroz Pozo y se declaró un nuevo espacio para la vida y protección del territorio, la Zona de Biodiversidad “Filo del gato” de la familia Valle Cardona. En este recorrido los caminantes constataron que persiste el control militar dentro de su territorio, evidenciado por la presencia de dos bases militares, una de ellas en las estribaciones del Nudo de Paramillo (Brigada Móvil 11 del ejército Nacional) y la otra en dirección hacia los territorios de Antazales, donde constantemente durante la caminata y el reconocimiento del territorio se presentaron sobrevuelos en dirección hacia el Nudo de Paramillo; adicionalmente se evidencia las restricciones para la movilización de los pobladores por el sembrado de minas antipersona, todo esto dentro de los límites entre las veredas de Balsita y Antazales de donde son oriundos la gran mayoría de familias de la zona humanitaria de la Comunidad de vida y de Trabajo de La Balsita.

En medio de la andadura se evidenciaron nuevas estrategias, encaminadas al mismo objetivo de consolidar el despojo, mediante la definición del uso del suelo y subsuelo, el manejo y utilización de recursos hídricos, la explotación de la biodiversidad y los contratos de arrendamiento y figuras asociativas para el desarrollo de proyectos de explotación agrícola, actividades que se amparan en la ley de tierras y estatuto de desarrollo rural.

En respuesta al silenciamiento, los planes de muerte y los intereses macroeconómicos suscitados en este territorio, denunciamos la construcción de la represa en el río Urama, Municipio de Dabeiba , registrado en la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, en el año 2010 como Dabeiba 1 y Dabeiba 2, este proyecto hidroeléctrico viene siendo liderado por la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia, EMGEA S.A ESP, la Transversal de las Americas, en general, la mega infraestructura que hace parte de la apuesta trasnacional Plan Puebla Panamá.

Hoy como hace quince años, existe el control del territorio por parte de la fuerza pública, bajo el argumento de combatir a la insurgencia, infundiendo terror en los pobladores de la región, lo que se evidencia en amenazas a las familias que han decidido retornar a sus caseríos sin ningún tipo de garantías de sus derechos por parte del Estado, estigmatizándolas, señalándolas, acosando sexualmente a mujeres, menores de edad, ejerciendo maltrato físico e implementando la red de informantes, vulnerando así el principio de distinción de la población civil, amparado por el DIH, esto ha ocasionado un desplazamiento gota a gota de las familias campesinas del sector.

Las comunidades reafirmamos las formas como han transformado los momentos de angustia y dolor en signos de vida que se traducen en el fortalecimiento organizativo de sus procesos, a través de la implementación de iniciativas demostrativas de defensa de las vidas en los territorio, casas de recuperación, regeneración y salvaguarda de semillas propias, espacios de la memoria; acciones encaminadas a la dignificación de sus vidas que los convierte en sujetos históricos, políticos, con la capacidad para incidir en la vida de sus comunidades, exigiendo, proponiendo e implementando a través de distintos mecanismos, respeto y reconocimiento a los derechos humanos y de la naturaleza.

Las comunidades ratificamos la continuidad de mantener la sensibilización, concientización, movilización y construcción de escenarios socio políticos en defensa de los recursos, posibilitando en distintas regiones del país que no se firme el plan departamental de aguas; la devolución de los acueductos para ser administrado por las comunidades; garantizando la conservación de cuencas y nacimientos que favorecen el acceso colectivo a este bien; recuperando el significado de los territorios para la pervivencia cultural.

Las comunidades ratificamos que la real forma de aplicar la ley de restitución es estar, habitar, existir dentro de los territorios, única forma de enfrentar el despojo para desde allí exigir la restitución de las mismas y el reconocimiento de sus espacios de proyección de la vida, de los suelos, del subsuelo y de formas asociativas como las Zonas Humanitarias, Zonas de Biodiversidad, Espacios de Refugio, Espacio de Protección Territorial, Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Bio Ambientales y de Protección, desde donde promueven el respeto al principio de distinción de la población civil y los derechos en los territorios.

Luego de escuchar y compartir distintas reflexiones sobre las mesas de trabajo propuestas, donde se abordaron temas como: La ley de víctimas y restitución de tierras, el desarrollo del conflicto armado y el derecho a la paz, el estatuto de desarrollo rural, el marco legal para la paz y la reforma a la justicia, concluimos:

1. El intento de reforma a la justicia, en nada procura resolver los graves problemas de acceso a la justicia ni la impunidad en crímenes de lesa humanidad, en crímenes ambientales, y operaciones empresariales ilegales que experimentamos y que afectan de los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, agudizando o perpetuando de esta forma la impunidad, la congestión en los procesos, las barreras para acceder a la justicia, la ausencia de jueces y la corrupción en zonas apartadas del país.
Con profunda indignación constatamos que en vez de tratar de corregir estos problemas, se trato de un pacto político entre los tres poderes del estado para concederse privilegios mutuamente de una manera inconstitucional; como comunidades víctimas y a sabiendas de la lentitud en los procesos de investigación y responsabilidad por alianzas entre Estado, empresarios y paramilitares, vemos con preocupación que los pocos avances logrados se verían altamente comprometidos, por tal razón, no creemos que exista un interés y compromiso real del gobierno en búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

2. Vemos positivamente que en el país nuevamente se hable del tema de la paz, vemos positivo que lo diga el presidente Santos, vemos muy significativa las comunicaciones de las guerrillas de las FARC y del ELN en su disposición de sentarse a conversar como lo han dado a conocer a Colombianas y Colombianos por la Paz. Nuestra realidad muestra que el paramilitarismo continúa existiendo, que este tiene nuevos modos de presencia, que se desarrolla con el apoyo, tolerancia de brigadas y policía, empresarios y políticos. Observamos el accionar de las guerrillas en diversas regiones del país los que nos permite afirmar que no están derrotadas.

Debido a que la guerra interna nos concierne, que somos afectados por el conflicto armado, que somos sujetos de derechos entre ellos el derecho a la paz, creemos en la necesidad del diálogo político como salida. Diálogo en que deben participar las guerrillas y el gobierno y los más amplios sectores de la sociedad donde se miren y discutan las causas estructurales de este conflicto social y armado, de la exclusión que se experimenta con la negación del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a acuerdos comerciales justos humana y ambientalmente.

Por otra parte, no se ve que exista una real voluntad política para construir paz con justicia social y ambiental, puesto que muy poco se ha avanzado en la entrega de tierras que fueron arrebatadas a sangre y fuego, no avanzan los procesos de investigación por responsabilidad de crímenes de Estado, avanzan las entregas de territorios para operaciones empresariales extractivas mineras a cielo abierto, como lo hizo Santos anunciando en Río + 20 de ofrecer 17 millones de hectáreas, el problema del derecho a la salud no se resuelve; no existe integración de los sistemas de investigación lo que dificulta el acceso real a la justicia; se incrementan los procesos de judicialización contra líderes y lideresas de nuestras comunidades y defensores de Derechos Humanos.

Como lo ha planteado Colombianas y Colombianos por la Paz, vemos muy importante la articulación y convergencia temática de iniciativas de la sociedad organizadas como el Congreso de los Pueblos, La Marcha, La Minga Social, Comosoc, Comosocol, Red contra la Gran minería, MOVICE, la Red de Comunidades, en este sentido, las llamamos a unir y sumar esfuerzos en los aspectos sustanciales que nos integran en el mismo propósito y dejar a un lado aspectos que no son sustanciales para el logro de un movimiento hacia la paz con justicia social.

Invitamos a Colombianas y Colombianos por la Paz a conocer nuestras experiencias, a respaldarlas y desarrollar su misión para dar respuestas a demandas de aplicación del derecho humanitario y conocer nuestras propuestas de paz.

Observamos que el Marco Legal para la Paz, busca posibilitar beneficios a estructuras paramilitares desmovilizadas que no fueron acogidas por la 975, no beneficiaría estructuras armadas disidentes, desconoce las experiencias de acuerdos humanitarios de las comunidades y sus aportes para la construcción de una paz integral.

3. Las comunidades afirmamos nuestro derecho a fortalecer nuestras propuestas y apuestas de preservación y supervivencia, dignificación y reconstrucción del Estado de Derecho, de las vidas dentro de sus territorios. Permanecer y resistir en nuestros territorios a través de nuestras figuras de protección, ha sido la herramienta más eficaz para la exigencia de nuestros derechos a la tierra y a la vida; por esta razón, nos mantenemos firmes en su decisión de ejercer integralmente el derecho al territorio, pues vemos con preocupación disposiciones de la ley de víctimas y restitución de tierras tales como el derecho de superficie, que aunque propenden por la titulación, limitan el derecho de campesinos y campesinas a usar, usufructuar y disponer de su tierra, a favor de la consolidación de grandes inversiones que se vienen desarrollando en nuestro suelo a costa de nuestro sufrimiento y por la intervención de sectores legales e ilegales, comprometidos con graves violaciones de DH. La entrega, devolución y reconocimiento efectivo de los derechos a la tierra y el territorio, no se concilian con la abolición de la UAF, ni con la extranjerización del suelo, contempladas en el estatuto de desarrollo rural.

4. Afirmamos nuestra voluntad y decisión de fortalecer nuestras apuestas de habitar el territorio y los mecanismos efectivos para la recuperación del mismo, y desde allí impulsar la diversificación de nuestros sistemas productivos para generar autonomía efectiva, propuesta para el intercambio de productos y recuperación de semillas y práctica tradicionales. Igualmente promover los POTA, como mecanismos no solo para el reconocimiento de los usos, bajo principios comunitarios-ambientales, sino para fortalecer los procesos organizativos de habitación del territorio, la memoria de la ocupación, el conocimiento propio y como herramienta para la exigencias de respeto al ejercicio integral del derecho a la propiedad y a la tierra y participación en los escenarios de política pública.


Suscriben

Comunidad de autodeterminación, vida, dignidad de cacarica (CAVIDA), Asociaciones de zonas humanitarias y zonas de biodiversidad de las cuencas del rio Jiguamiandó y Curvardó; Comunidad indígena del alto guayabal Resguardo Humanitario y Ambiental Sobia-Drua, Comunidades todas del bajo Atrato; Comunidad de Paz de San José de Apartadó; Familias víctimas de la finca “La Alemania” municipio de San Onofre; Cooperativa Blanquicet - departamento de Córdoba; Grupo Educativo Interuniversitario (GEIU); Asociación Campesina de Antioquia (ACA); Jóvenes por el bienestar del bajo calima (JUBCA); Asociación Agroecológica Esther Cayapu (Asoesca)- Trujillo Valle; Asociación campesina huerto Renacer Sucre-Cauca; Asociación familiares victimas de ejecuciones extrajudiciales sembradores de paz Inza- Cauca; Escuela de derechos humanos resguardo San Francisco Toribio; Asociación de mujeres de Orihueca - Magdalena; Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir Puerto Asis -Putumayo;

Apoyan

Asociación de solidaridad con Colombia Asokatio España, Misioneros Combonianos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
Dirección: Carrera 37A No 25B-42, Bogotá D.C. Colombia Telefax: (57-1) 2687179 / 2687161
 
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