Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Jueves, marzo 23 de 2017
 

Informes de Derecho

Informe alterno al PIDESC

Plataforma DESC

Jueves 2 de marzo de 2017

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La siguiente intervención es el resultado y acuerdo de más de 70 organizaciones sociales y derechos humanos en Colombia que durante más de 18 meses hemos venido construyendo desde la sociedad civil el informe alterno al Gobierno Colombiano. Este proceso ha sido liderado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

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Ginebra, 1 de marzo de 2017

Expertos y expertas Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

La siguiente intervención es el resultado y acuerdo de más de 70 organizaciones sociales y derechos humanos en Colombia que durante más de 18 meses hemos venido construyendo desde la sociedad civil el informe alterno al Gobierno Colombiano. Este proceso ha sido liderado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

El principal cambio en el contexto del país en los últimos años está relacionado con las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC-EP y más recientemente con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, logrando en diciembre de 2016 la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Gobierno y las FARC. Si bien, este acuerdo es un paso importante en la construcción de paz en el país, su implementación está aún en si primera etapa, por esto, es necesario abordar y superar las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado y que están estrechamente relacionadas con la falta de garantía de los DESCA en Colombia, de lo contrario el conflicto armado seguirá reproduciéndose.

A continuación presentamos una síntesis de la compleja realidad colombiana y algunos puntos en los que solicitamos que el comité haga un especial énfasis a la hora de hacer las preguntas al Estado Colombiano.

Colombia el segundo país más desigual en América latina. Según el Banco mundial, en Colombia el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre, luego de Honduras, con un coeficiente de Gini de 53.5 es el país más desigual de la región. A pesar de que los índices de pobreza disminuyen desde el año 2002, la desigualdad sigue en el mismo nivel, situación que empeora al revisar la concentración de la propiedad de la tierra, en donde el Gini es de 0,86 colocando a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

La persistente desigualdad en la tenencia de la tierra fue confirmada por los resultados del Censo Nacional Agropecuario. Un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, todas ellas mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8% del área censada está ocupada por el 69.9% de unidades productivas con una extensión igual o menor a 5 hectáreas. Lo anterior refleja el incumplimiento de la Recomendación emitida por el Comité DESC de Naciones Unidas, según la cual el Estado colombiano debe “adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria”.

Contrario a las recomendaciones del Comité, el gobierno ha promovido una serie de reformas que profundizan un modelo excluyente de acceso a la tierra y ordenamiento del territorio. El Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) le otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para adelantar una ambiciosa reforma institucional en materia de tierras que liquidó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y creó la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio. Sin embargo, tales acciones no fueron acompañados de un plan detallado de garantía de los derechos a la tierra y al territorio por parte de la población campesina en dicha transición.

Desarrollo económico centrado en la explotación de recursos naturales. En Colombia la explotación minera, grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas, por ejemplo, han multiplicado los conflictos sociales y territoriales y han deteriorado el disfrute derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y de mujeres especialmente.

Las políticas públicas impulsadas en los últimos años han consolidado un modelo económico basado en la extracción de recursos no renovables, situación que ha propiciado una serie de conflictos territoriales y ambientales. De los conflictos investigados por los informes de la Contraloría General de la República y el Atlas de Justicia Ambiental se resaltan los proyectos mineros para la extracción de oro de Angostura en el Páramo Santurbán (Santander) y La Colosa (Cajamarca-Piedras, Tolima); la explotación de ferroníquel en Cerromatoso (Córdoba) y de carbón a gran escala de El Cerrejón (La Guajira).

Además de las afectaciones ambientales, estos proyectos han generado una reconfiguración o “captura” del Estado colombiano, lo cual se refleja en una legislación favorable a la minería (Ley 685 de 2001), una institucionalidad ambiental débil o poco operativa, y ajustada a los intereses del sector y una privatización de las funciones del Ejército Nacional, quien presta servicios de seguridad a las empresas mineras en varias regiones del país . Organizaciones sociales han denunciado el fenómeno de “las puertas giratorias”, esto es, estrechos vínculos entre altos funcionarios del Estado colombiano y empresas mineras, que se traduce en beneficios como entrega de títulos mineros, información geológica privilegiada, entre otros.

Pese a las recomendaciones del CDESC, el Estado Colombiano ha desconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada, mediante la no certificación de la presencia de pueblos indígenas en áreas de influencia directa de los proyectos o en la misma determinación de tales áreas, pues las empresas no siempre cumplen con las directrices establecidas para dicho fin, o éstas no se corresponden con la comprensión ancestral del territorio, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional.

Los efectos negativos de los Tratados de Libre Comercio son un hecho. Como lo expresó el comité DESC en examen anterior al Estado Colombiano, la vulneración de derechos como consecuencia de la vigencia de estos tratados es una realidad en el país.Deterioro de la producción agrícola colombiana en algunos sectores como lácteos o papá, han agudizado la pobreza y precariedad de campesinos y campesinos.

Menos recursos para la guerra y más recursos para salud y educación.Para la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PCDHDD y los autores y autoras de este informe , la existencia del actual acuerdo de paz, debe conllevar a una consecuente reducción del presupuesto que se destina a la guerra, que es uno de los más altos de la región, recursos que deberían invertirse en la satisfacción de los derechos sociales de la población. De otro lado, el mismo proceso de paz plantea como uno de sus objetivos, la construcción de “paz territorial”, cuya realización depende de la posibilidad de que pueblos y comunidades puedan permanecer en sus territorios, y que no se imponga la lógica del comercio internacional, sobre la vida, bienes comunes y autodeterminación de los pueblos.

El derecho al trabajo sigue siendo precario.Seis años después, el déficit de trabajo decente se mantiene y no se han cumplido las recomendaciones del CDESC, de la OIT y los acuerdos laborales con EEUU, Canadá o la Unión Europea. La vida precaria y la segregación siguen caracterizando la vida de los 22 millones de trabajadores colombianos. El desempleo continúa siendo unos de los más altos de América Latina, llegando a un 8.9% el desempleo general, 11.8% para las mujeres y 15.8% para los jóvenes, mientras en el desempleo de las mujeres jóvenes es del 20.5%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En derecho a la alimentación se ve amenazado por el comercio internacional.La producción de alimentos en el país se ha visto afectada por el mayor énfasis que el Estado da a los cultivos agroindustriales y para la exportación, por encima de los cultivos producidos por comunidades campesinas y para la alimentación interna. De acuerdo con Fian Colombia, “el país ha descuidado cultivos transitorios de importancia en su canasta alimentaria como maíz, arroz, frijol, hortalizas, y algunos frutales y tubérculos, lo cual ha tenido un impacto negativo en la alimentación adecuada de sus habitantes”. Según datos oficiales, en el año 2013 tan sólo el 15% de los productores rurales recibió algún tipo de asistencia o asesoría técnica para el desarrollo de sus actividades agropecuarias y apenas el 16,4% demandó crédito.

Persisten las brechas entre zonas rurales y urbanas en el goce efectivo del derecho a la educación.En cuanto a la política educativa persisten aún grandes brechas que surgen entre zonas rurales y urbanas en el nivel de garantía del derecho. La población mayor a 5 años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir. Los resultados del reciente Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015, evidenciaron que en el sector rural la tasa de analfabetismo llega al 12.4%. En algunos departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico) y en el departamento del Chocó, la tasa de analfabetismo alcanza el 20% de la población. Cabe señalar que el 19.6% de las personas mayores de 15 años que se reconocen como pertenecientes a grupos étnicos, dicen no saber leer y escribir.

La represión de la protesta y movilización social continúan siendo una preocupación.
La protesta social es un ejercicio de múltiples derechos como la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de asociación, la libertad de locomoción y el derecho de participación, reconocidos y protegidos legalmente en nuestro bloque de constitucionalidad. Sin ánimo de homogeneizar estas expresiones, una importante proporción de las mismas se dirigen contra diversos efectos del modelo económico en la vida de los pueblos: los efectos del libre comercio, las consecuencias del extractivismo, los altos costos de la producción agraria, el deterioro de los ingresos de la clase trabajadora.

En contraste con este auge movilizador, en Colombia, el derecho a la protesta y movilización no cuentan con las garantías necesarias que requiere su libre ejercicio en un Estado democrático. Entre los principales obstáculos se destacan: narrativas oficiales herederas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que descalifican las movilizaciones ciudadanas; una legislación que limita y criminaliza el ejercicio de la protesta social y; prácticas policiales militaristas que reprimen de manera violenta las expresiones de descontento social.

En el marco de las situaciones descritas presentamos a continuación algunos de los interrogantes que como sociedad civil le solicitamos al comité transmita al Estado colombiano:

• ¿Qué acciones se propone el Estado colombiano adelantar para formalizar plenamente la situación laboral de las madres comunitarias, en consonancia con las recomendaciones del CDESC?
• ¿Cuáles son las garantías con que cuentan los trabajadores para acudir a la huelga? ¿Cómo se explica el alto número de declaratorias de ilegalidad de huelga?

• ¿Qué acciones se propone adelantar el Estado colombiano para garantizar la función de la inspección laboral directa a los establecimientos de trabajo en áreas urbanas y rurales? ¿Cuáles se han tomado para mejorar las condiciones contractuales y operativas de los y las inspectoras y garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas a las empresas?

• ¿Cómo logrará el Estado colombiano dar cumplimiento a la implementación de políticas que den cumplimiento a la cobertura universal del derecho a la salud?

• ¿Cómo transversalizar las problemáticas que tienen las diferentes poblaciones con respecto al derecho a la salud?

• ¿Por qué el Estado colombiano ha retrocedido en la garantía del DHANA de la población infantil y adolescente?, ¿cuáles son los déficits de política e institucionales estatales responsables del alto número de niños muertos por hambre en el país, especialmente en la población indígena?

• ¿Qué impactos cuantitativos y cualitativos han tenido las acciones estatales dirigidas a controlar la obesidad, deficiencia de micronutrientes y otras formas de malnutrición en la población colombiana?

• ¿Qué acciones normativas específicamente dirigidas al fomento de la producción interna de alimentos y la protección de las economías campesinas y de los pueblos étnicos, se han implementado desde el 2010?

• ¿Cuáles han sido sus impactos en el PIB nacional y los indicadores de pobreza y nutrición en el país?, ¿qué acciones correctivas está adoptando el Estado colombiano para impedir que sus normas y acciones administrativas impidan el libre uso, circulación y uso de semillas tradicionales por parte de las poblaciones rurales?

• ¿Cuáles son los criterios de política pública de vivienda relacionados con la Habitabilidad y la Adecuación Cultural formulados por el Comité en la Observación General n.º 4?

• ¿Cuáles son los estándares e indicadores que el Estado maneja frente al déficit cualitativo de vivienda?

• ¿Cuáles son las medidas legislativas y judiciales que adoptará el Estado para desconcentrar la propiedad de la tierra en Colombia teniendo en cuenta la elevada concentración de la tenencia de la tierra?

• ¿Qué acciones vienen desarrollando el Estado colombiano para garantizar el acceso equitativo y diferencial de las mujeres a la tierra y la titulación de la misma?

• ¿A través de cuales estrategias o mecanismos, el Estado colombiano implementa el desmonte real del paramilitarismo y de las estructuras para estatales que vienen colocando en riesgo la vida de los líderes y lideresas sociales reclamentes de tierras?; ¿Cuál es la estrategia que seguirá el Estado para investigar y judicializar a los grupos “antirrestitución”?

• ¿El Estado ha reglamentado la competencia de los entes territoriales para establecer zonas de exclusión de la minería según lo establecido en la jurisprudencia de la Corte constitucional?

• ¿Qué institución se encarga de la vigilancia, el control y la veeduría de las instituciones encargadas de proteger y amparar los bienes naturales y las zonas de conservación?

• ¿Cuáles son los criterios técnicos y el enfoque que maneja el Estado en materia de acceso y calidad del agua?

• ¿Cuál es el mecanismo usado por el Estado colombiano para dictaminar la calidad del agua?

• En materia pedagógica, ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias para que las grandes industrias y otros actores no hagan un uso inadecuado del recurso hídrico?

• ¿Qué garantías ha establecido el Estado colombiano para el ejercicio de la protesta social?

 
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