Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Miércoles, mayo 22 de 2019
 

Informes

Por la fuerza consolidan agronegocios en predios colectivos

Pedeguita y Mancilla

Viernes 3 de marzo de 2017, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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Un grupo de hombres prendieron fuego a una siembra de plátano y 70 árboles de borojó de la familia Londoño del consejo comunitario de Pedeguita y Mansilla.

En su operación ilegal ocuparon los predios de integrantes de los Consejos Comunitarios Heliodoro Polo, Guillermina González y Ledys Tuirán, ubicados entre los territorios colectivos de Pedeguita y Mansilla y Curvaradó.

Los efectos de las graves actuaciones fueron constatadas hoy en horas de la mañana por pobladores de la región ocupantes legales y legítimos de predios colectivos.

Los invasores afirmaron que estaban autorizados por Baldoino Mosquera, representante legal del Consejo de Pedeguita y Mancilla.

Hace cerca dos años, amparados por este representante legal, un grupo armado de encapuchados y con complicidad de la policía de Urabá torturaron y destruyeron propiedades de dos integrantes del Consejo Comunitario que exigen restitución de sus predios.

La posible actuación contra la propiedad familiar dentro de la titulación colectiva podrían beneficiar a la Asociación Agropecuaria Campesina, Agromar.

En junio pasado en contra de los reglamentos y el espíritu de la ley 70 de comunidades negras, Baldoino Mosquera como representante legal del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla susribió con Bernardo José Guerra Genes, representante legal de AGROMAR. un convenio contra los derechos familiares y comunitarios.

Ver convenio

El Acuerdo contempla la entrega de 20.000 hectáreas de tierras por un período de 100 años. En una primera fase el proyecto se desarrollara en 3000 hectáreas por la cual se recibirán 3 millones de pesos por cada hectárea, de los cuales el 50% lo aporta el Consejo Comunitario al capital suscrito de la sociedad con Agromar.

La sociedad plantea beneficios directos al representante legal y otro grupo reducido de miembros del consejo comunitario y particulares en 25%, otro 25% al Consejo Comunitario y otro 50% a Agromar.

Entre los beneficiados directos de esta sociedad en contra de los derechos de la totalidad se encuentran entre otros; Baldoino Mosquera, representante legal consejo comunitario;

Genes fue indiciado por un testigo de ser partícipe en crímenes cometidos contra dos ciudadanos de origen sueco y finlandes, en la ciudad de Turbo en 1992. [1]

Otro integrante de la directiva de Agromar, Ameth Abuchar Palacios compareció en audiencia preliminar en diciembre de 2015 por delitos contra la Seguridad Pública tráfico de droga ante el juzgado 2 del Circuito penal de Colón, en Panamá. [2]

En 2013, la Defensoría del Pueblo en el Informe sobre afectaciones territoriales en el Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla” (Ver informe)

Sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo con base en fuentes del extinto INCODER y en declaraciones de exparamilitares, que existen empresarios vinculados con operaciones armadas ilegales y despojo de tierras en Pedeguita y Mancilla para agronegocios. Entre los empresarios nombrados por los exparamilitares están Juan Guillermo Gonzáles, Luis Felipe Molano y Javier Restrepo Girona.

González es socio de la empresa Recife SAS, junto con Javier Restrepo Girona. Restrepo empresario bananero, accionista también de la Comercializadora Internacional Tropical y la bananera La Suiza vinculados con el despojo. [3]

Otra actor interviniente en medio de esta situación de ilegalidad y de desconocimiento de derechos es la empresa bananera Banadex, filial de Chiquita Brands. Esta compañía ingresó a predios de ese consejo comunitario inspeccionando tierras para la plantación de plátano.

Adicionalmente, en estos predios en que se están desconociendo los derechos de los legales y legítimos dueños se han realizado obras de infraestructura para la canalización y la preparación de terrenos que favorecerían a las comercializadoras internacionales Uniban y Banacol. (Ver)

El control ilegal de tierras bajo formas legales con un Representante legales del Consejo Comunitario que cae en las garras del poder privado en contra de sus funciones de administración conforme a la ley 70 y preceptos constitucionales; los abusos de autoridad administrativa y desbordamiento de funciones; la intervención de terceros privados para acuerdos de negocios inconsultos; el uso de la fuerza como en este caso, están posibilitando en medio de la inacción del gobierno, la consolidación de un nuevo despojo de predios colectivos.

Bogotá, D.C., marzo 3 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 
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