Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Miércoles, agosto 23 de 2017
 

Medios

Salidas a la crisis de la implementación de la paz

Colombia 20 20

Viernes 19 de mayo de 2017

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Movilización social de respaldo a los acuerdos y un pacto político en el interior del Congreso entre las diferentes fuerzas que lo integran son las propuestas para enfrentar la decisión del alto tribunal que dejó cojo el “fast track”. Enrique Santiago habla de una constituyente.

Si ya había voces que advertían de la lentitud con que se implementan los acuerdos de paz con las Farc, ahora, con la decisión de la Corte Constitucional que tumbó dos elementos del proceso especial legislativo o fast track, el trámite de las leyes que requiere la materialización de lo pactado en La Habana, será mucho más lento. Y es así porque el alto tribunal dejó sin piso los artículos que obligaban a que las modificaciones que se plantearan desde el Legislativo a las iniciativas tuvieran el aval del Gobierno y que las votaciones de los articulados se realizaran en bloque, bien fuera para improbar o aprobar las propuestas. Ahora, en un contexto de frágiles mayorías del Ejecutivo en el Congreso, es evidente que cada proyecto de ley o reforma constitucional tomará más tiempo.

La noticia cayó como un baldado de agua fría en la Casa de Nariño y el Capitolio, pues la decisión de la Corte plantea una nueva dificultad para llevar el Acuerdo de La Habana al ordenamiento jurídico. Así lo advirtió el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien sostuvo que, aunque el Gobierno acata la decisión, no comparte el sentido del fallo. Eso sí, dijo que habrá que esperar a que el tribunal revele el texto completo de la decisión. Y respecto al alcance del fallo, Cristo refirió que los magistrados no tuvieron en cuenta el pronunciamiento de la propia Corte en diciembre, “cuando dijo que lograr la paz es un fin imperioso del orden constitucional”, que el fast track era un mecanismo “especial, excepcional y transitorio”, y que “no reduce las competencias del Congreso”.

Aun así, reconoció que la decisión supone una dificultad para implementar los acuerdos, pero no es el fin del mundo. “El fast track está vivo, está vigente y avanzará la tramitación de leyes y normas. Lo importante es que este Congreso ha estado comprometido con la paz y ahora con la implementación. Se mantiene el literal A, que expresamente dice que las leyes que se desarrollen tienen que estar acordes con lo pactado. Por eso, independientemente de que no se necesite el aval del Gobierno para una proposición, es evidente que ninguna proposición puede ir en contravía del Acuerdo de Paz”, concluyó Cristo.

La correlación de fuerzas en el interior de la Corte Constitucional ha cambiado. El Espectador conoció que la ponencia del magistrado Antonio Lizarazo apuntaba a mantener intacto el acto legislativo que establecía el procedimiento del trámite legislativo especial para la paz, pero sólo contó con el apoyo de sus colegas Alberto Rojas y Alejandro Linares, dos magistrados de corte liberal. Quienes apoyaron la tesis ganadora fueron Luis Guillermo Guerrero, Carlos Bernal, los magistrados en encargo José Antonio Cepeda e Iván Escrucería y Gloria Stella Ortiz. Es decir, el bloque de filiación conservadora que, con su voto, tiene al Acuerdo de Paz con las Farc contra las cuerdas y ha producido una polvareda política para muchos similar a la pérdida del plebiscito.

El Centro Democrático, encabezado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, celebró y calificó la decisión como un acto democrático que le devolvió las funciones constitucionales al Legislativo. Sin embargo, consideró que la Corte se equivocó al definir que su fallo sólo aplica para futuras iniciativas. Valga recordar que las leyes fundamentales de los acuerdos ya hicieron tránsito en el Congreso: la de Amnistía, el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el de reincorporación de las Farc a la vida política, el Estatuto de Oposición y el denominado blindaje jurídico del Acuerdo de Paz. Iniciativas a las que el Centro Democrático se opuso enconadamente, pero no pudo detener.

En el sector que apoya los acuerdos de paz se barajan fórmulas para garantizar el avance de la implementación. Algunas polémicas, como la del asesor jurídico de las Farc, español Enrique Santiago, quien ha señalado que, ante la decisión del alto tribunal, se necesita convocar a una asamblea constituyente, una propuesta con poca acogida que no ha sido bien vista en los ámbitos políticos. Ya en el Congreso se promueve un pacto parlamentario para que los partidos que apoyan el proceso de paz se comprometan a asistir a las sesiones y a respaldar “a ojo cerrado” las iniciativas del Gobierno. Una tarea nada fácil en tiempos preelectorales, cuando los congresistas se ausentan para hacer campaña y se empiezan a romper muchos de los compromisos adquiridos con el Ejecutivo.

En este sentido los directivos de los partidos de la U, Cambio Radical, Conservador, Liberal, y Opción Ciudadana emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que el Congreso nunca ha renunciado a su naturaleza deliberativa, lo que según ellos se demuestra con las seis iniciativas tramitadas que recogen 127 modificaciones de origen parlamentario. Consideraron que lo hasta hoy aprobado corresponde a la voluntad de las mayorías y agregaron que “continuarán trabajando en favor de la implementación normativa del acuerdo de paz”. De igual manera, los sectores ciudadanos que salieron en defensa del Acuerdo luego de la victoria del No en el plebiscito convocaron a un plantón ante el Congreso para respaldar la implementación de los textos, y advierten que vendrán nuevas movilizaciones y propuestas de control ciudadano a la labor legislativa.

Las Farc, por su parte, se declararon en asamblea permanente en todas las zonas veredales y puntos de normalización. Y tras una reunión del Secretariado emitieron un comunicado en el que rechazaron el fallo de la Corte y consideraron que éste ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que se haya vivido desde que se inició. Asimismo, afirmaron que la decisión siembra una alta dosis de incertidumbre, justo cuando se acerca el momento de la dejación de armas. Y es que para la guerrilla se abre la posibilidad de una nueva renegociación de los acuerdos y se cambian de facto lo acordado en cuanto a la implementación. Por eso, las Farc hacen un llamado a todos los poderes públicos y a la ciudadanía a mantener la sindéresis y el juicio para alcanzar la paz.

“Nuestra decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento. No sobra reiterar que nuestra decisión ha consistido en transitar a la vida política legal para darle continuidad a nuestras aspiraciones, ajustándonos a las reglas de la Constitución y la ley con las reformas acordadas. Ante la situación presentada, se cambiaron de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Nos hemos declarado en asamblea permanente en las ZVTN para que el conjunto de nuestra organización pueda tomar las decisiones más inteligentes en esta situación adversa”, expresaron las Farc en su comunicado.

Al final, la guerrilla solicitó la reunión urgente de la Comisión de Implementación para que trabaje en la formulación de una estrategia para afrontar la crisis, e incluso advierte que se necesita una reconducción del proceso, así como también convocan a las fuerzas sociales y políticas a cerrar filas en torno a la defensa del acuerdo de paz y su implementación, mediante la construcción de un gran pacto nacional por la paz, tal y como lo establece el acuerdo. De alguna manera, el entre líneas del comunicado lo definió el representante de Voces de Paz, Jairo Estrada, para quien es necesario replantear el cronograma de implementación de lo pactado, que incluye la dejación de armas en el día D+180, es decir, en 11 días. Tal propuesta no parece tener acogida, pues pondría en riesgo la participación de las Farc en las elecciones de 2018, dado que sólo se podrán convertir en fuerza política legal una vez hayan entregado a la ONU todo su material bélico.

Finalmente, el optimismo en la adversidad parece ser la principal carta de quienes respaldan el Acuerdo de Paz. Así lo dejó ver el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte y quien asesoró jurídicamente la mesa de diálogos, al expresar que “hay que mirar para adelante y saber que esto no va a generar problemas en la esencia del Acuerdo”. Una posición que comparte el portavoz de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, quien confía en que “el Congreso continuará el trámite de los proyectos de implementación”. Se rumora sobre un nuevo cónclave entre el presidente Santos y Timochenko para definir una salida a la encrucijada en que la Corte Constitucional puso a la implementación del pacto de paz.

Fuente: http://colombia2020.elespectador.com/politica/salidas-la-crisis-de-la-implementacion-de-la-paz

 
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